A propósito de lo que dice el líder en su artículo “Libertad de expresión y medios audiovisuales: un proyecto para reflexionar”

Siempre resulta interesante leer al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien intenta, en la mayoría de los casos, abordar en sus artículos de opinión publicados en el Listín Diario, tener una visión objetiva de los distintos temas que toca cada semana.

En tal sentido, el análisis que hace sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, publicado el 19 de este mes, bajo el título “Libertad de expresión y medios audiovisuales: un proyecto para reflexionar” parte de una premisa que cuanto menos resulta loable: la necesidad urgente de actualizar el marco jurídico dominicano en materia de comunicación, superando la obsoleta Ley 6132.

De manera personal, coincido con el profesor Fernández en que esta iniciativa representa una intención clara de adaptarse a los nuevos tiempos, reconociendo, y aterrizando las transformaciones profundas que han sufrido los medios de comunicación con la irrupción de las plataformas digitales y la inteligencia artificial.

No obstante, si bien Leonel señala con justicia los avances del proyecto, con figuras como la protección del derecho a la rectificación, la cláusula de conciencia y la accesibilidad para personas con discapacidad, su crítica se enfoca de forma algo desbalanceada en la insuficiencia de artículos dedicados a los medios audiovisuales tradicionales.

Si bien es cierto que esto se trata de un vacío importante, dada la herencia anacrónica de la legislación anterior, el Fernández parece restarle mérito al hecho de que el proyecto priorice las plataformas digitales, que en mi opinión personal, terminarán eliminando a los medios tradicionales, y moldeando aún más la forma de consumo de información y entretenimiento.

En ese orden, esta priorización no es necesariamente una incongruencia, sino una respuesta lógica a la realidad mediática contemporánea: el consumo de contenido en internet ha superado con creces a la televisión y la radio tradicionales, sobre todo entre los jóvenes, muchos de los cuales no tienen televisores o radios, y no ven la necesidad de tener uno.

La crítica sobre la poca atención al estatuto legal de las empresas audiovisuales, la distribución del espectro radioeléctrico y los tipos de modelos televisivos es pertinente, y expone debilidades técnicas que deben ser subsanadas. Sin embargo, el expresidente cae en una visión un tanto nostálgica de los medios tradicionales, sin ponderar suficientemente que cualquier marco regulatorio moderno debe partir del ecosistema comunicacional vigente, dominado por lo digital, lo interactivo y lo algorítmico.

Además, la mención de la resurrección de la Comisión de Espectáculos Públicos bajo el nuevo INACOM se presenta como una amenaza velada, pero el profesor Fernández no desarrolla con profundidad los riesgos específicos de esta figura ni argumenta por qué su existencia contradice el espíritu del proyecto en cuestión.

Así pues, como iniciamos esta entrada, además de interesante, el escrito del León es valioso en cuanto denuncia omisiones estructurales del proyecto y plantea interrogantes legítimas sobre su alcance normativo, pero su crítica se centra más del énfasis en lo que falta que de una visión integradora que comprenda las nuevas dinámicas de la comunicación, porque la modernización de la legislación debe mirar hacia adelante, no solo hacia lo que históricamente se descuidó, incluyendo en los tres gobiernos de quien hoy con toda libertad critica este intento de actualización legislativa.