A propósito del Consejo de Gobierno convocado anoche por el presidente Abinader

El reciente Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Nacional, con la participación de la Procuradora General de la República y del Director de Contrataciones Públicas, constituye un acontecimiento de particular relevancia para el estudio del derecho público y la gobernanza democrática en la República Dominicana. El eje temático —la penalidad de la corrupción administrativa en el marco del nuevo Código Penal y la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones— permite observar cómo la agenda gubernamental incorpora, de manera explícita, la lucha contra la corrupción como política de Estado.

Desde el plano jurídico, las reformas introducidas poseen una doble trascendencia. Por un lado, el nuevo Código Penal tipifica con mayor rigor conductas que históricamente han erosionado la administración pública, como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno y la colusión en contrataciones. Por otro, la nueva Ley de Compras y Contrataciones fortalece los mecanismos de control y fiscalización, incorporando instrumentos tecnológicos (Pladicop, inteligencia de datos, trazabilidad digital) que buscan reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en los procesos. Se trata, en definitiva, de un esfuerzo por alinear el ordenamiento jurídico interno con estándares internacionales de integridad, en consonancia con las recomendaciones de la OCDE y otros organismos multilaterales.

En el plano político, este encuentro es también un acto de reafirmación simbólica. El gobierno, al convocar a todos sus altos funcionarios a un ejercicio pedagógico de comprensión normativa, procura transmitir una señal de cohesión y de compromiso colectivo frente al desafío de la corrupción. La presencia de figuras como la Procuradora Yeni Berenice, el Director Carlos Pimentel y la Dra. Milagros Ortiz Bosch otorga al acto un carácter interinstitucional, en el que convergen los poderes públicos, la administración y los órganos de control.

Ahora bien, desde una perspectiva crítica, debe señalarse que el fortalecimiento normativo es condición necesaria pero no suficiente para combatir la corrupción. El problema central en la República Dominicana no ha sido la ausencia de normas, sino la debilidad en su aplicación, marcada por prácticas de selectividad, lentitud procesal y, en ocasiones, impunidad. Por tanto, el verdadero desafío de este nuevo marco legal será garantizar su implementación efectiva, sin excepciones ni privilegios, y con independencia de coyunturas políticas.

En conclusión, el Consejo de Gobierno celebrado el 3 de septiembre de 2025 puede ser interpretado como un punto de inflexión en la narrativa institucional de la lucha contra la corrupción. Su valor jurídico radica en la actualización y modernización del marco normativo; su valor político, en la construcción de un discurso de transparencia e integridad como emblemas de la gestión pública. El tiempo, sin embargo, será el juez definitivo: de la retórica gubernamental y de la sofisticación normativa habrá de pasarse a resultados tangibles que fortalezcan la confianza ciudadana en el Estado de derecho.